Rendición de cuentas y democracia en México

Segundo Trimestre
Boletin de Divulgación
Escrito por: Lic. Juan Pale Guerra
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El uso de la definición “rendición de cuentas” se ha incrementado notoriamente en México durante los últimos años, aunque no siempre con definición universal ni con el verdadero significado sobre sus mecanismos y alcances. Desde 1917 se usa “rendir cuentas” para denotar la responsabilidad de los gobernantes de divulgar sobre sus actos y decisiones; por el contrario, la definición no fue aceptada por políticos y académicos hasta hace algunos años.

La rendición de cuentas se refiere a la capacidad que tienen las y los ciudadanos de vigilar las acciones, la toma de decisiones y el desempeño de sus representantes y gobernantes. Para que se lleve a cabo una verdadera rendición de cuentas, deben contar con formas de ejercer esta vigilancia y de igual modo se debe garantizar que el gobierno tenga la obligación de informar y la incapacidad de bloquear el acceso a la información. Se ha constituido en un elemento central en las democracias contemporáneas; en su realización encontramos elementos e instrumentos para controlar el abuso de poder, la corrupción y garantizar que los gobernantes cumplan con transferencia, eficiencia, eficacia y honestidad el mandato que la ciudadanía les otorgo, que a través de un ejercicio democrático los ha elegido como sus representantes.

La rendición de cuentas se da a través de una cadena múltiple de vigilancia que presenta dificultades de acción que podrían superarse y, con ello, mejorar la calidad de la gestión gubernamental.

La rendición de cuentas tiene dos aspectos básicos: “incluye, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público. Por otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos.” (Schedler)

En México el avance de los procesos de rendición de cuentas ha sido lento, impulsado por la democratización del país. Mientras que el derecho a la información está ya garantizado por la Constitución, es sólo recientemente que esta reforma se llevó a cabo, y ha enfrentado resistencia de varios grupos de poder a cada paso en el camino hacia una mayor transparencia. “Sin presiones externas, de organizaciones sociales, grupos políticos o influencia federal, es poco probable que un gobierno se ate las manos”. (Cejudo)

La transparencia en el ejercicio del poder y un sistema de rendición de cuentas son fundamentales en todos los niveles y etapas del ejercicio democrático. Un sistema electoral opaco cuyos resultados no sean auditables por los ciudadanos o por entidades que éstos consideren confiables, por ejemplo, difícilmente aumentará el nivel de participación electoral y ello irá en detrimento de la democracia en el país. “Si partimos de que la gobernabilidad está sustentada en el ejercicio de la democracia, se debe entonces garantizar la participación de la comunidad en la elección de las autoridades, el tiempo de su mandato, la toma de decisiones sobre el quehacer de la administración, y sobre todo el control y seguimiento del ejercicio de los recursos públicos”. (Olivera)

En México, en la medida que ha evolucionado el sistema político mexicano, cada vez es mayor la petición ciudadana por información precisa y comprobable de la delegación pública, tanto de sus medios como de la toma de decisiones y de los resultados de la administración gubernamental. reclamo que hoy no podemos elucubrar suerte como un rectilíneo clave para el nativo y una lazada para sus representantes.

Existe la necesidad de que la gestión gubernamental se realice con transparencia, que la información sea de acceso libre y público para que todo ciudadano, organización o partido político pueda detectar irregularidades. “Un sistema ágil y ligero de vigilancia política implica ciudadanos con poder para denunciar y detonar mecanismos legales de rendición de cuentas. Un sistema eficiente de rendición de cuentas requiere transparencia gubernamental. La responsabilidad de los votantes va más allá de emitir su voto cada tres o seis años. Su participación para exigir cuentas es indispensable para que nuestra democracia electoral sea a la vez una democracia gobernable y que resuelva los problemas cotidianos de la población.

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