En el último cuarto del siglo XX, el tránsito de regímenes autocráticos (dictaduras) hacia una larga y complicada fase de democratización en la mayoría de los países de América Latina, significó no solamente un nuevo contexto político para la participación de la sociedad civil, sino también para los pueblos indígenas. El emergente escenario democrático supuso que las demandas históricamente postergadas de los pueblos y comunidades indígenas, en países como Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y México, representaran grandes retos para los gobiernos de la región y sus recién creadas instituciones democráticas.
En las últimas tres décadas, debido a los importantes cambios jurídicos, políticos e institucionales, se ha registrado un avance en la inclusión política de los pueblos y comunidades indígenas en México, lo cual forma parte de la construcción de una democracia más amplia. Pues, en efecto, nuestro país ocupa la primera posición como el Estado que cuenta con el mayor número de población indígena en América. Actualmente, en México existen 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y se derivan en 364 variantes dialectales. De acuerdo con los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, elaborados a partir la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 25.7 millones de personas, es decir, el 21.5% de la población, se autoadscribe como indígena. Mientras tanto, 12 millones de habitantes (10.1% de la población) señalaron vivir en hogares indígenas y el 6.5% de la población nacional manifestó ser hablante de una lengua indígena, lo cual representa a 7.4 millones de personas. Por esta razón, la participación política y electoral de los pueblos y comunidades indígenas resulta una cuestión imperativa para consolidar la vida democrática en México.
Históricamente, una de las demandas fundamentales de los pueblos indígenas ha sido el derecho a la participación política. Sin embargo, no ha sido sino a partir de la década de 1990, que los pueblos y comunidades indígenas han alcanzado, de manera organizada, una incidencia política y una visibilidad mediática que los han constituido en nuevos actores políticos.
Los pueblos y comunidades indígenas organizados han recurrido a un amplio abanico de repertorios, desde la participación de tipo convencional o institucional, como lo es su incorporación en los diferentes procesos electorales o su participación en distintas instancias estales, hasta otra de tipo no convencional o movilizacional, como lo son sus protestas, marchas y movilizaciones o sus diversas formas de autonomía, según sea el caso, todo ello con el fin de alcanzar condiciones favorables para ampliar sus capacidades de decisión y gestión, a nivel local y regional, sobre sus territorios y/o comunidades e incluso participar activamente en la vida política nacional.
Las luchas y reivindicaciones de los pueblos y comunidades indígenas organizados han permitido avanzar en la reflexión y el ejercicio de la democracia en México. Esto es, con la emergencia de la “cuestión indígena” adquirieron relevancia política las demandas de estos colectivos que históricamente habían sufrido una exclusión y marginación para formar parte del debate político nacional. Con el levantamiento paradigmático del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 se produjo un clivaje en el sistema político mexicano, el cual posibilitaría, a la postre, la reforma constitucional de 2001, a partir de la cual se daría el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
A partir de las reformas al artículo 2° Constitucional de 2001, se sentaron las bases para una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, la cual parte del reconocimiento jurídico de su existencia y de la necesidad ineludible de fomentar su incorporación a la democracia.
En este sentido, el entonces Instituto Federal Electoral, por primera vez, buscó garantizar los derechos políticos de los pueblos indígenas a formar parte de las instancias legislativas en México. Para ello, se hizo una redistritación electoral en 2004, para crear 28 distritos uninominales con 40% o más de población indígena, con el fin de que las y los candidatos seleccionados fueran de origen indígena. Sin embargo, los efectos de estos cambios fueron limitados. En 2006, se eligieron efectivamente 18 diputados indígenas, uno mediante representación proporcional y 17 de ellos en alguno de los 28 distritos indígenas. A partir de entonces, este número no ha dejado de reducirse, pasando incluso en 2015 por debajo del alcanzado en 2003, antes de este criterio electoral.
En las elecciones de 2018, los partidos políticos y coaliciones postularon, como acción afirmativa, candidaturas a diputaciones federales integradas por personas que se auto-adscriban como indígenas en, al menos, 13 de los 28 distritos electorales con más del 60% de población indígena, a saber: Chiapas, 5 distritos; Guerrero, 1 distrito; Hidalgo, 1 distrito; Oaxaca, 2 distritos; San Luis Potosí, 1 distrito; Yucatán, 1 distrito y Veracruz, 1 distrito. Con esta medida, se garantizó que efectivamente los pueblos indígenas cuenten con representación, ya que serán electos con independencia de qué partido gane en los distritos correspondientes.
Pese a la redistritación electoral que validó la “cuota indígena”, aún existe un rezago en materia de representación política en los tres Poderes de la Nación y, en particular, en el Congreso de la Unión. Si bien, los pueblos y comunidades indígenas son la población mayoría en más de 30% de los municipios, no obstante, de las 500 diputaciones que conforman la Cámara baja del Congreso de la Unión, solo 13 son indígenas.
De acuerdo con Willibald Sonnleitner, los municipios mayoritariamente indígenas y que eligen a sus autoridades a través del sistema electoral, se han caracterizado por una presencia mucho más fuerte del PRI y del PRD, y mucho más débil del PAN. Sin embargo, lo mismo también se observa en los municipios no indígenas con alta marginación, en los cuales el partido tricolor resiste incluso mejor que en los municipios mayoritariamente indígenas. Según el autor antes mencionado, más que con un comportamiento de tipo étnico o cultural, esta diferencia parece relacionarse con factores de índole económica y socio-demográfica.
También resulta importante mencionar que, de forma paralela a la consolidación del proceso democrático, fue incrementándose el reclamo del derecho a la participación en la democracia desde sus propias instituciones y dinámicas como pueblos. En efecto, algunos pueblos y comunidades indígenas lograron mantener sus formas de gobierno y de organización históricas, antes llamadas “usos y costumbres”, hoy nombradas sistemas normativos indígenas, mismas que han sido reconocidas en el Artículo 2º Constitucional. En México, de acuerdo con datos del INEGI, en 2018 se eligieron autoridades mediante sistemas normativos indígenas en 421 municipios, los que representaron 17.2% del total de municipios.
El respeto de los sistemas normativos indígenas significa que los municipios indígenas se rijan por un sistema cultural propio, que implica primero la elección de las autoridades municipales por medio de la asamblea comunitaria que es la autoridad máxima en forma directa, unánime y pública. En este sentido, los sistemas normativos son una forma de organización socio-política consuetudinaria, que se rige por una lógica diferente a la político-partidista, puesto que esta última implica la elección a través del voto secreto y se constituye en una decisión de carácter individual.
En términos generales, los procesos electorales en distritos indígenas han brindado un acercamiento a las dinámicas de su participación política. Cuestiones como la preferencia electoral, la identificación partidaria, la representación política, la concurrencia a los comicios, la cultura política, el respeto a los derechos civiles y políticos, la competencia entre las autoridades electorales y las autoridades indígenas y, recientemente, la participación electoral de mujeres indígenas,vinculado al posicionamiento político de la mujer indígena dentro de sucomunidad entre otros aspectos, denotan, en diversas modalidades, la incorporación ciertamente aún limitada de los pueblos y comunidades indígenas en la vida democrática.
Sin duda, la reflexión en torno a la participación electoral de los pueblos indígenas resulta sumamente importante para reconocer los avances democráticos en este ámbito y, asimismo, identificar las problemáticas y dilemas pendientes por resolver, todo ello con el objetivo de respetar, garantizar, proteger los derechos políticos y electorales para los pueblos, comunidades y personas indígenas.