En México, aunque la ciudadanía mexicana es el status social y jurídico que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 34, desde el inicio de la vida independiente del país los ciudadanos eran todos hombres y así siguió hasta la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, cuando en 1953 se publicó el decreto que modificó el citado artículo, que ahora dice:

“Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad, siendo casados, o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir”. La democracia de ciudadanía se ha discutido en las últimas décadas y la concepción de los derechos que se desprende de esa reflexión puede ejemplificarse de muchas maneras, porque está relacionada con muchos aspectos de nuestra vida al interior de una sociedad, por ejemplo:

a) La posesión de ciertos derechos y obligaciones en el marco de una determinada sociedad.

b) La pertenencia a una comunidad política determinada vinculada históricamente a la noción de nacionalidad.

c) Un conjunto de facultades y derechos específicos que garantizan la participación del individuo en los procesos de toma de decisiones.

Israel Buenrostro la define así:

“La noción de ciudadanía ha suscitado una serie de debates teóricos e ideológicos. Muchos de ellos surgen de lo que implica su significado en términos de acción política. El concepto actual de ciudadano está ligado a la constitución del Estado moderno, es decir, a la comunidad política organizada que emana de la Modernidad. El Estado vincula ciudadanía con nacionalidad y convierte a sus miembros en sujetos políticos.”

La definición del término no es fácil. Primero porque su conceptualización ha ido avanzando con el paso de los años; y, después, porque operacionalizar el concepto y definir criterios para medir la calidad de la ciudadanía en distintos contextos, tampoco es sencillo. En el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, elaborado por el Instituto Nacional Electoral, se describe como:

“Como sucede con otros conceptos en las ciencias sociales, existen diversas definiciones, clasificaciones y tipologías de ciudadanía. Las visiones minimalistas generalmente están relacionadas con una percepción muy jurista o legalista del concepto. Es la definición fundacional de ciudadanía. El Estado distingue entre los miembros y los no miembros de una comunidad política, y además asigna derechos y responsabilidades a los ciudadanos desde su clasificación legal.”

Existen también distintas visiones de ciudadanía. Éstas son: Es

Es así que, utilizando la visión intermedia, diremos que el concepto está ligado a la pertenencia a una comunidad política. Comunidad que comparte entre otras cosas, ciertos modos de hacer y pensar; y comparte prácticas culturales que están ligadas a las competencias ciudadanas que todas y todos hemos aprendido desde la infancia.

La moral democrática, dice Conde:

“se caracteriza por un conjunto de representaciones sociales sobre la realidad, por habilidades sociales como la capacidad empática, la autorregulación, la asertividad y la autonomía, y desde luego por los valores, es decir, por los mínimos éticos que al ser “universalmente reconocidos, permiten imaginar y construir una sociedad”. Junto con esas virtudes públicas, la moral democrática constituye un ethos que se expresa en los criterios y valores que guían los actos y decisiones de los gobernantes, de las instituciones de la sociedad, de las personas y los grupos sociales, y que dan elementos para juzgar la moralidad o inmoralidad de las acciones de los ciudadanos y los servidores públicos. ”

A su vez, una forma clásica de medir la calidad de la ciudadanía es a partir del criterio: participación electoral vs abstencionismo. Diversos estudiosos del tema señalan que, en México, pese a que el voto no es obligatorio, no es tan bajo como en otros países. Pero habría que revisar con cuidado cuáles son las causas que determinan la participación electoral en nuestro país y ver a qué otros factores– como el clientelismo–, a las que están ligadas esas prácticas.

Concluyamos con la siguiente idea:

“Un Estado democrático requiere de una ciudadanía competente, comprometida con la defensa de la democracia, preocupada por asuntos públicos y con un EEstas capacidades se van configurando a través de la participación, la defensa de los derechos, la acción colectiva, así como mediante procesos formativos sistemáticos e intencionados, es decir, la formación ciudadana.”