Al igual que la sociedad y sus instituciones, en el siglo XXI, el ejercicio de la democracia ha asimilado profundos cambios resultado de la acelerada revolución tecnológico- digital. De manera comparativa, existe incluso una concepción radicalmente diferente entre la democracia de inicios del siglo XX y la democracia de nuestros días. Esta disparidad responde no tanto a una evidente dimensión cuantitativa, tanto del número de democracias existentes –en la década de 1900 tan sólo existían ocho–, como del número de votantes –para 1909 se estiman aproximadamente 27 millones–, sino a un mayor grado de interacción de la ciudadanía con la actividad política debido, junto con otros factores, a la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
En la actualidad, cada vez con mayor predominancia, el desarrollo de las TIC ha tenido un impacto en las formas tradicionales de participación política, lo cual se debe a la influencia de los medios digitales para transmitir información de manera mucho más rápida y eficiente. Más aún, ha quedado demostrado que los efectos y alcances de las TIC sobrepasan los propios marcos de la información y la comunicación e incluso logran generar cambios en las instituciones económicas, sociales y políticas de la sociedad.
Ciertamente, el Internet se ha convertido en la plataforma tecnológica por excelencia. De acuerdo con el Informe sobre Medición de la Sociedad de Información, en 2018, poco más de la mitad (51.2%) de la población mundial utilizaba el Internet. Esto ha supuesto una sociedad interconectada en la que el Internet posibilita obtener, almacenar, procesar y distribuir información con mayor rapidez. Diversos autores han centrado su interés en conceptualizar los efectos socio-políticos de las TIC, dando lugar a nociones como “sociedad de la información” (Masuda), “aldea global” (MacLuhan) o “sociedad red” (Castells).
Debido a la conectividad tecnológica, el Internet ha generado formas emergentes de movilización política, las cuales permiten atraer y compartir información con millones de personas, tales como Change.org o MoveOn.org por mencionar algunos ejemplos. Asimismo, organizaciones no gubernamentales (ONGs), organizaciones sociales y ciudadanía en general, recurren al Internet para conectarse entre sí, con el propósito de compartir información, coordinar acciones de movilización o fortalecer identidades colectivas. En este sentido, la revolución tecnológico- digital, paradigmáticamente representada con el Internet, ha trastocado directamente en el ejercicio de las libertades y derechos cívicos –participación ciudadana, libertad de expresión y opinión, libertad de asociación, acceso a la información pública, por mencionar algunas–, las cuales constituyen el cimento de la democracia.
Sin duda, la posibilidad de la conectividad ha revitalizado sustancialmente las dinámicas de las protestas y manifestaciones sociales, incluso –como ya se mencionó– han demostrado ser un motor de cambio democrático al movilizar a la ciudadanía. En 2011, durante la “Primavera Árabe”, por ejemplo, a través de redes sociales como Twitter y Facebook, la ciudadanía encabezó levantamientos en una docena de países del norte de África y Oriente Medio. El Internet y sus medios digitales ayudaron a convertir a la disidencia individualizada en movimientos estructurados, los cuales tenían como objetivo poner fin a los regímenes autoritarios en esa región.
Con cierta insistencia y relativamente reciente, la noción de democracia digital (e-democracy) ha sido asimilada en los discursos académico, político y mediático, debido a la relación que se ha establecido entre Internet y democracia. En términos generales, la democracia digital se puede definir como los diferentes mecanismos para incorporar el Internet y sus diversos dispositivos tecnológicos, en el ejercicio y fortalecimiento de la ciudadanía y, por tanto, en la consolidación de la democracia. De manera concomitante a la democracia digital han surgido otras nociones como ciudadanía digital, e-participación y gobierno electrónico.
En el ámbito electoral, la democracia digital ha impulsado el surgimiento de una participación online o e-participación. Un ejemplo más extendido de esta nueva forma de interacción política, sobre todo en democracias consolidadas como Reino Unido, Alemania, Francia o Estados Unidos, es la incorporación, cada vez con mayor recurrencia, del Internet en los procesos democráticos, dando lugar a la sustitución de la papeleta de votación por el voto electrónico o la urna digital, estas transiciones también son conocidas como innovaciones digitales democráticas.
De acuerdo con el politólogo estadounidense Martin Hagen, existen diferentes tipos de la democracia digital, las cuales dependen de las formas de democracia (directa o representativa), las innovaciones tecnológicas disponibles y los ámbitos de decisión de los gobernantes. Estos tres tipos de democracia digital son:
(a) Teledemocracia, surgida en la década de 1970, se caracteriza por incentivar una mayor participación política (votación) a través de los medios de comunicación masiva (televisión); (b) Ciberdemocracia, se gesta en la década de 1990, su rasgo distintivo es el surgimiento de la discusión pública debido a la masificación del Internet; (c) Democratización electrónica, que aparece contemporáneamente, se identifica por una mayor profundización en el intercambio de información entre gobernados y gobernantes, por medio del debate y la deliberación que surge en el Internet, pero que logra cambios en el gobierno.
Hoy en día, existe cierto consenso en torno a las condiciones más favorables para el desarrollo de la democracia digital. En principio, la puesta de esta nueva extensión de la democracia ocurre en democracias consolidadas, es decir, en Estados donde se han resuelto los asuntos elementales de una democracia, a saber: Constitución y división de Poderes; sistema de partidos políticos; elecciones libres, equitativas, competitivas y periódicas; sufragio universal; libertad de expresión y opinión. Asimismo, una masificación de las telecomunicaciones y, en particular, con un mayor acceso a Internet. De igual manera, la existencia de una alta demanda de dispositivos tecnológicos como celulares, smartphones, tablets, computadoras, entre otros. Y, por último, pero no menos importante, la emergencia de una ciudadanía digital, es decir, una ciudadanía que, a través de las plataformas digitales, interactúa con el gobierno de manera activa y con una mayor intensidad en torno a la construcción de políticas públicas y la formulación de programas conjuntos.
El fenómeno de la democracia digital ha refuncionalizado la concepción misma de la participación política. El uso de Internet ofrece nuevas oportunidades para promover iniciativas de la ciudadanía al redefinir prioridades políticas y la forma en que se decide en el espacio público. Asimismo, las innovaciones digitales democráticas pueden cambiar la calidad misma de la participación, cambiando de esta manera la naturaleza de la democracia y sus instituciones a largo plazo.
Sin embargo, para el caso de nuestro país, los desafíos para transitar plenamente hacia la práctica de una democracia digital son importantes. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) de 2019, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 80.6 millones de usuarios de Internet, esto representa el 70.1% de la población de seis años o más. Sin bien, esta cifra revela un aumento de 4.3 puntos porcentuales respecto de la registrada en 2018 (65.8%) y de 12.7 puntos porcentuales respecto a 2015 (57.4%), la mayoría de viviendas que no cuentan con acceso a Internet (16.4 millones de hogares) corresponde a la población con menores recursos.
Además, el 49% de las viviendas que no tienen acceso a la red están concentradas en siete estados: Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Más aún, en Chiapas la penetración de internet en viviendas es muy reducida: 25 en cada 100 hogares; en Oaxaca, 29 de cada 100. Por lo anterior, la disparidad en el acceso a Internet representa el principal reto del Estado mexicano para incorporar las innovaciones digitales democráticas.
Frente a la actual crisis económico-sanitaria que ha representado la COVID-19, es necesario apostar por nuevas herramientas que sean viables para el fortalecimiento de la ciudadanía sin poner en riesgo su integridad, el transición hacia la democracia digital representan esa oportunidad.